Chile y la conservación marina

Es necesario prohibir de modo transitorio que las naves bajo pabellón chileno operen con pesca de arrastre de fondo fuera de la Zona Económica Exclusiva.

ENTRE EL 29 DE ABRIL y el 4 de mayo Chile está siendo anfitrión de la Tercera Conferencia para la formación de la Organización Regional de Administración Pesquera (ORAP) para el Pacífico Sur. Esta instancia se encuentra integrada por varios países con intereses pesqueros en la región y pretende constituir una institucionalidad que regule la actividad en las aguas internacionales. Lo relevante es la adopción de medidas transitorias que normen la pesca dentro del área bajo negociación hasta la implementación de medidas más permanentes de conservación y manejo de especies.

En esta conferencia, a diferencia de la segunda, efectuada en Hobart, en Australia, se llega con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (61/105, de diciembre pasado) que impuso un itinerario estricto para adoptar medidas transitorias que protejan la biodiversidad, los hábitat y las pesquerías, mientras son negociadas, adoptadas e implementadas las medidas de manejo permanente. La resolución asignó obligaciones nuevas a las naciones pesqueras para asegurar la protección de los ecosistemas marinos vulnerables de los impactos provenientes de las actividades de pesca de arrastre en las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales.

El arrastre de fondo es una de las prácticas pesqueras más nocivas en alta mar y es la causa de la destrucción irreversible de ecosistemas marinos vulnerables, como los montes submarinos, respiraderos hidrotermales y corales de agua fría. Esta situación ha sido reconocida con amplitud por la comunidad científica del mundo, en especial en aquellas zonas de alta mar donde no existen ORAP con competencia jurídica. 

Como anfitrión de esta Tercera Conferencia, Chile es copatrocinador con Australia y Nueva Zelandia de la iniciativa de la ORAP para el Pacífico Sur. El país necesita además entregar una señal política clara y contundente en favor de la sustentabilidad pesquera, la conservación y la protección integral y efectiva de la biodiversidad y los ecosistemas marinos vulnerables existentes fuera de las zonas económicas exclusivas de los estados ribereños. El Gobierno debería adherir al Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Pesca de Alta Mar (1995), proceso que ya ha sido efectuado por los otros copatrocinadores, la Unión Europea, los países del Foro de Islas del Pacífico y, próximamente, por Japón.  

Además, debería promover la prohibición temporal de las actividades de pesca destructiva -incluida la labor de arrastre de fondo- que afecta a los ecosistemas marinos vulnerables en la alta mar del Pacífico Sur, lo cual constituye el mecanismo más efectivo para cursar la obligación de los estados de actuar de forma precautoria y basados en el enfoque ecosistémico que está tanto en la resolución 61/105 sobre pesquerías sustentables adoptada por Naciones Unidas como en la legislación internacional.  

Asimismo, es necesario prohibir de modo transitorio que las naves bajo pabellón chileno realicen operaciones de pesca de arrastre de fondo fuera de la Zona Económica Exclusiva hasta que se establezca la ORAP del Pacífico Sur, se desarrolle la investigación necesaria y se adopten las regulaciones consistentes con las obligaciones de la legislación internacional. De esta manera, Chile se ubicaría a la vanguardia de la conservación de los ecosistemas de aguas profundas que abarcan 64% de la superficie de los océanos fuera de las aguas jurisdiccionales de los estados costeros y que constituyen una de las mayores reservas de diversidad biológica del planeta.