PROYECTO DE CONCESIONES ACUÍCOLAS: GATO POR LIEBRE

Cristián Gutiérrez
Jefe de la Campaña de Salmonicultura

Con inusitado interés y apuro, el Ejecutivo ha repuesto por tercera vez un proyecto de ley que reduce los trámites obligatorios para reasignar concesiones acuícolas caducadas en las regiones Décima, Undécima y Duodécima. El Gobierno dice que la suma urgencia se debe a la delicada situación que viven los trabajadores salmoneros de Aysén, que fueron damnificados cuando el maremoto de abril pasado dañó las balsas jaulas y otras instalaciones de la industria acuícola.

No obstante, de los 608 centros de cultivos con sus permisos caducados, que equivalen a 4 mil 658 hectáreas, sólo un 16% se encuentra en la Undécima Región, donde ocurrió el maremoto, por lo que este proyecto beneficiará en primer lugar a los grandes centros de cultivo instalados en la Décima Región, donde está el grueso de la industria.

El otro argumento del proyecto se refiere a los costos que implica a privados y al sector público el preparar, presentar y evaluar un estudio de impacto ambiental, entre otros requisitos que hasta hoy se solicitan para entregar una concesión acuícola, requisitos que con todo, son mucho más blandos y permisivos que en el resto de los países con industria acuícola en el mundo.

La mágica solución que ofrece el gobierno es entonces, volver a aprobar la declaración o estudio de impacto ambiental caducado, y que el nuevo concesionario de ese espacio de agua, opere dentro de los límites contemplados en el proyecto anterior. Incluso más: si el proyecto anterior no tenía una declaración (por ser anterior a la normativa), igualmente podrá ser concesionado a un nuevo inversionista, sin que éste tenga la obligación de presentar una declaración de impacto ambiental hasta seis meses después de obtenida la concesión.

Este fast track del Gobierno no resiste mayor análisis: es evidente que cada nuevo proyecto de inversión tiene sus particularidades y debe ser analizado caso a caso. Por otra parte, la Declaración de Impacto Ambiental es poco más que un compromiso de buena fe por parte del antiguo concesionario, una declaración jurada a la que no estaría obligado el nuevo operador.

También llama mucho la atención que esta medida tenga un carácter permanente, en circunstancias que el propio Ejecutivo declara que está impulsada por una situación específica que afectó al fiordo de Aysén.
 
Por último cabe preguntarse qué pasará con aquellas concesiones que fueron caducadas justamente por no cumplir con su declaración de impacto ambiental, provocando un daño al entorno marino y que necesitaría de medidas especiales para recuperarse y no seguir extendiendo el daño en las zonas circundantes.

Nada de eso está contemplado en este proyecto. Por el contrario, lo que se propone es que el área afectada, sin aplicar ningún tipo de medida recuperativa, sea nuevamente utilizada en actividades industriales.

Este proyecto representa un paso en la dirección contraria, en un momento en que diversos actores sociales del país, entre ellos el mundo científico, organizaciones ambientales, parlamentarios y los pescadores artesanales, han advertido de la necesidad de investigar más sobre los efectos de la salmonicultura en el fondo marino y de exigir mayores garantías ambientales a la creciente industria acuícola nacional, que se expande aceleradamente hacia el sur, sin que sepamos aún con certeza los costos ambientales de esta actividad.

La verdadera solución no es relajar aún más el permisivo marco normativo del uso de aguas en nuestro país, sino al contrario, dotar de mayores herramientas y presupuesto a los organismos encargados de evaluar y fiscalizar las actividades de la acuicultura intensiva, como la CONAMA y Sernapesca, además de circunscribir la actividad salmonídea en Aysén a la estrategia de desarrollo impulsada por la propia región, cuyo eje es el resguardo de sus ecosistemas y su capital natural.