OCEANA RECHAZA PROYECTO DE LEY SOBRE SALMONICULTURA POR NO RESOLVER PROBLEMAS AMBIENTALES

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Annelore Hoffens Wenzel (ahoffens@oceana.org)

Oceana

2009-05-06

Santiago -- A través de una carta enviada a los miembros de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados, la organización internacional de conservación marina OCEANA manifestó su rechazo al proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de salmonicultura, que se vota esta tarde en dicha Comisión.

Para Oceana el proyecto de ley que fue ingresado el 15 de enero de este año y que establece nuevas normas aplicables a la actividad salmoacuícola, no resuelve los problemas de fondo que han gatillado la crisis por la que atraviesa la industria salmonera. A juicio de la organización, la situación actual se origina a partir del mal manejo ambiental y sanitario efectuado por la propia industria, lo que fue permitido por la deficiente regulación aplicable y por una institucionalidad sin los recursos ni facultades necesarias para fiscalizar a dicha actividad.

“El actual proyecto de ley no entrega herramientas, enfoques ni recursos suficientes para cuidar los ecosistemas de los que depende la salmonicultura. Mas bien busca facilitar la constitución y ejecución de garantías sobre las concesiones y autorizaciones de acuicultura, por sobre otras consideraciones fundamentales como las ambientales”, señaló al respecto Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana.

Asimismo, la organización calificó como imprudente que el proyecto de ley disponga del reordenamiento de las concesiones acuícola a través de barrios sanitarios, sin contar con información científica elemental que permita realizar una acertada evaluación sobre la conveniencia de permitir el desarrollo de dicha actividad en los ecosistemas patagónicos donde asienta.

“La Mesa del Salmón se comprometió hace ya un año a determinar la capacidad de carga de los cuerpos de agua para, de este modo, establecer con criterios científicos el tipo o magnitud de producción a la que se puede someter un área.  Hasta ahora el Gobierno ha incumplido ese anuncio y, por lo tanto, no se debería continuar con el proceso de reordenamiento de concesiones hasta que no sepamos con certeza cuál es el estado de los ecosistemas y cuánto pueden resistir en términos de la contaminación que esta industria vierte sobre ellos”, indico Muñoz.
 
Oceana también criticó que el proyecto de ley disponga que la función de recolectar información ambiental de las salmoneras se confíe a un certificador pagado por la propia empresa fiscalizada, y que no sea asumida por un funcionario público perteneciente al Servicio Nacional de Pesca, entidad encargada de fiscalizar a la actividad acuícola en Chile.“Este vínculo entre empresas y certificadores no brinda la necesaria imparcialidad e independencia a quienes están a cargo de realizar una tarea que, ciertamente, compromete el interés público”, finalizó Muñoz.


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