Oceana demanda a la Secretaría General de Pesca por ocultar datos sobre el control de la potencia de los buques pesqueros

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La Secretaría General de Pesca se niega a facilitar los resultados de un plan de muestreo obligatorio en la UE desde 2012, que incluye la flota arrastrera.


Junio 12, 2014
Madrid
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Marta Madina ( [email protected] )




Oceana ha demandado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la Secretaría General de Pesca por negarse a facilitar el resultado de un plan de muestreo para verificar que la potencia real de los motores de los buques coincide con la certificada. Esta comprobación es una exigencia de la Unión Europea y permite, por ejemplo, asegurar que el impacto de una práctica pesquera agresiva como el arrastre se mantiene acotado. Por este motivo, y amparándose en la Ley 27/2006 de Acceso a la Información Ambiental, Oceana la solicitó en agosto de 2013.

“Es inconcebible que la legislación dicte que hay que verificar la potencia de los buques pesqueros y que los resultados de esa comprobación sean secretos. No se trata de facilitar los resultados del plan de muestreo a Oceana, sino de que estos sean públicos. Con su falta de transparencia, la Secretaría General de Pesca parece avalar lo que es vox populi: que la potencia real de actividades dañinas como el arrastre es superior a la legal y, por tanto, su impacto en el medio marino está seriamente infravalorado”, afirma Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa. “Si el plan de muestreo confirma estas sospechas, España deberá enfrentarse al hecho de que su capacidad pesquera es superior a la declarada, lo que es contrario a la Política Pesquera Común, y al Real Decreto de pesca de arrastre de fondo del Mediterráneo, que prohíbe que ningún barco de arrastre tenga más de 500 CV de potencia”.

Conocer las características de la flota pesquera es necesario para la conservación del medio ambiente. Resulta particularmente importante el caso de técnicas agresivas como el arrastre de fondo, que consiste en deslizar una red lastrada por el lecho marino y lo hace con embarcaciones cada vez más potentes. Por ejemplo, la flota de arrastre balear sumaba 60 CV en 1920, frente a 12.000 CV oficiales en la actualidad.

Sin embargo, existen estimaciones de que la potencia real podría ser hasta tres veces superior, con el consiguiente impacto ambiental e incluso fraude fiscal, ya que el gasoil que utiliza la flota pesquera está exento del pago de determinados impuestos. Al consumir mucho más combustible bonificado a bajo precio debido al sobredimensionamiento ilegal de los motores, se está defraudando a la Agencia Tributaria  y a todos los contribuyentes.

La verificación de la potencia motriz es obligatoria desde el 1 de enero de 2012. Ese año, Oceana ya pidió información sobre el método que se iba a utilizar y la lista de embarcaciones seleccionadas para el muestreo, pero se le denegó alegando que el plan aún estaba en proceso de elaboración. En 2013, Oceana volvió a remitir una solicitud. Esta vez, el rechazo se fundamentó en que pesca y medio ambiente son ámbitos distintos y por tanto no había obligación legal de facilitarla, si bien la pesca se practica e impacta en el medio marino y la propia Secretaría General de Pesca depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La Justicia ha fallado a favor de Oceana en casos similares. Por ejemplo, la organización internacional de conservación marina consiguió en los tribunales la lista de barcos que habían recibido permisos especiales para cercenar aletas de tiburón a bordo. En 2011, la Audiencia Nacional puso en manos de Oceana un informe secreto del Instituto Español de Oceanografía que revelaba altos niveles  de mercurio en el pescado y que llevaba oculto siete años.

Demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid