Oceana se persona en el caso de los furtivos sorprendidos en Cabrera

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El hallazgo de submarinistas pescando de forma organizada en una zona de reserva integral demuestra la necesidad de devolver la vigilancia a los niveles de 2011.


Septiembre 27, 2013
Madrid
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Marta Madina ( mmadina@oceana.org )




Oceana ha solicitado a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears que se le tenga por personada en el procedimiento sancionador instruido contra presuntos pescadores furtivos en el Parque Nacional de Cabrera. Este verano, agentes de Medio Ambiente sorprendieron a dos individuos con fusiles submarinos en una de las zonas de reserva integral, que ostenta la máxima protección por sus valores medioambientales. La gravedad de los recortes aplicados a la vigilancia y gestión del único parque nacional de Baleares hace que los furtivos se atrevan a aventurarse en zonas que ostentan altos niveles de protección. En esta ocasión fueron sin embargo sorprendidos por algunos de los agentes medioambientales que se mantienen en sus puestos

Ana Barreira, abogada de Oceana y Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, señala: “Oceana ha presentado ante la Dirección General de Medio Rural y Marino del Govern balear escrito de personación para ser interesada debido a la gravedad de los hechos denunciados. Este espacio natural precisa de vigilancia exhaustiva, porque sus recursos y valores son demasiado importantes para dejarlos en manos de los furtivos. La vigilancia es fundamental para garantizar el respeto de la normativa ambiental. Por este motivo, hemos pedido ser parte interesada, condición que Oceana tiene de acuerdo con lo previsto en la Ley Aarhus, al objeto de asegurarnos que esta conducta es sancionada de conformidad a la Ley”.

Hace tres meses, Oceana manifestó su satisfacción por la por la firma de un acuerdo entre el Govern y la Guardia Civil para coordinar tareas de vigilancia marítimo-terrestre. Este convenio, junto con la existencia de un radar en Cabrera para detectar pateras que podría utilizarse simultáneamente para detectar pesca ilegal, demuestra que es factible aprovechar los recursos existentes para vigilar los espacios naturales. En este sentido, la ampliación del Parque Nacional que reclama Oceana no representaría un incremento de costes, aunque los presupuestos que han sido recortados  deben volver cuanto antes a su nivel previo.

Oceana pide  que el Govern balear devuelva a Cabrera el presupuesto anual con que contaba en 2011, que rondaba los 5 millones de euros y que la Administración central ha continuado  transfiriendo a las autoridades insulares. Oceana lamenta que el traspaso de Cabrera desde el Gobierno al Govern no haya supuesto una gestión más cercana a sus necesidades, como se pretendía con esta medida, sino un desvío masivo de los fondos destinados originalmente a Cabrera hacia otros fines del Govern. La vigilancia en un Parque Nacional es obligatoria por ley, por lo que la organización internacional acusa al Govern de estar faltando a sus obligaciones como gestor de un espacio protegido especialmente importante cuya conservación le fue encomendada.

“Es especialmente grave que se sorprenda a furtivos actuando a plena luz del día en un momento en que hay un debate serio para ampliar el Parque Nacional de Cabrera e incluir los valiosos hábitats y especies que quedaron fuera de sus límites al protegerse el área. Estos hechos demuestran que no había alarmismo cuando se alertaba de que los recortes en vigilancia podían echar a perder el excelente trabajo de conservación llevado a cabo durante los últimos 30 años y que había convertido al Archipiélago de Cabrera en un parque marítimo de referencia”, señala Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana en Europa.

La situación de Cabrera es aún más grave si se tiene en cuenta la permisividad de los gobiernos central y balear con los arrastreros que faenan ilegalmente en los alrededores del Parque, faenando sobre hábitats protegidos y vulnerables, y haciéndolo con motores que duplican o triplican la máxima permitida por la legislación europea y española.