El uso de redes de deriva: un fraude para Europa y una burla para Naciones Unidas

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Septiembre, 2005

En su reunión de junio de 1998, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea aprobó una Regulación  para prohibir el uso de redes de deriva por parte de las flotas europeas que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2002.

En aquel momento, unas 670 embarcaciones italianas, 70 francesas y una treintena de británicas e irlandesas estaban utilizando este método de pesca. Pocos años antes, un centenar de buques españoles que faenaban en la zona del estrecho de Gibraltar también usaban estas redes, pero el Gobierno español las prohibió antes de la decisión del Consejo.

La Unión Europea tardó 6 años en aceptar las Resoluciones de Naciones Unidas 44/225 de 1989 y 1991 prohibiendo el uso de redes de deriva de gran escala en alta mar a partir de 1992, 10 años en hacerla legalmente vinculante y, aún hoy, 13 años después, el uso de esta forma de pesca ilegal sigue siendo corriente entre las flotas europeas.

Recomendaciones y resoluciones similares fueron aprobadas por el Consejo General de Pesca del Mediterráneo en 1997 y 2005, y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún atlántico (CICAA) en 2003.

Más aún, la incívica actitud de la Unión Europea (UE) ha provocado que otros países cercanos se hayan sumado a esta pesquería siguiendo el mal ejemplo europeo. Así es el caso de Marruecos o Turquía. Según ACCOBAMS, los países que podrían haber utilizando redes de deriva en el Mediterráneo en los últimos años incluirían a Albania, Argelia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Marruecos, Mónaco y Turquía.

En la actualidad, existen alrededor de medio millar de rederos de deriva operando en el Mediterráneo y aguas adyacentes (Francia 76, Italia > 100, Marruecos 177, Turquía 50-100); más del 60% de ellos pertenecen a países miembros de la UE o que pasarán a formar pronto parte de ella.

Algunos de los gobiernos implicados, en clara connivencia y complicidad con los pesqueros ilegales, no sólo han permitido la continuidad de esta práctica prohibida, sino que han intentado por diferentes medios burlar las regulaciones existentes.

Para poder llevar a cabo el desmantelamiento de la flota de rederos y que se cumpliera con la Regulación aprobada, la UE ofreció ayudas económicas a todos aquellos buques que se encontraban utilizando estas redes ilegales. Según la Comisión Europea, los barcos podrían beneficiarse de ayudas de hasta 50.000 euros en caso de abandonar su actividad y 20.000 en caso de reconversión a otra arte antes de 2002 (sin tener en cuenta los beneficios fiscales u otros subsidios recibidos). Las ayudas aprobadas por la UE fueron retroactivas, pudiendo ser requeridas por los buques que entre 1995 y 1997 las habían utilizado. Esto incluía a España, Francia, Italia, Reino Unido e Irlanda.

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