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El actual sistema de gestión en pesca está condicionado a las subvenciones. En términos generales, el sector pesquero no es rentable por sí solo y requiere una continua inyección de capital público. Paradójicamente, las grandes empresas y armadores industriales manejan millones de euros generados a partir de la actividad pesquera, y es además la parcela que menos empleos genera.

Según el Banco Mundial y la FAO (“The Sunken Billions”, 2008), la pesca marítima pierde cada año 50.000 millones de dólares a nivel mundial, cifra que se podría revertir en beneficios si se aplicasen medidas de gestión adecuadas. En la misma línea una publicación científica liderada por el Dr. Rainer Froes (“Rebuilding fish stocks no later than 2015: will Europe meet the deadline?”, 2010) señala que las capturas podrían ser casi un 80% superiores si la gestión fuese sostenible. En las aguas europeas, casi un 90% de los stocks evaluados sufren sobrepesca, hecho que incrementa el gasto público en forma de subvenciones.

Existen multitud de instrumentos destinados a subvencionar la actividad pesquera, desde los Fondos Europeos para la Pesca, ayudas de “minimis” a nivel europeo o subvenciones por parte de los Estados. Estas ayudas van destinadas al desguace, remodelación, combustible, paradas biológicas, compensaciones por temporal, cierres de pesquería, adaptaciones a cambios legislativos, etc., e invalidan el sustento del sector por sí solo.