Cluster acuícola

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Columna de Alex Muñoz Wilson, Director Ejecutivo de Oceana.

Octubre 24, 2008

Recientemente el Gobierno lanzó en Coquimbo el llamado clúster acuícola que, entre sus principales metas, se ha propuesto duplicar al año 2015 las exportaciones de productos acuícolas, especialmente de aquellos derivados del salmón de cultivo.

Si consideramos la crisis sanitaria por la que atraviesa el sector salmonicultor –que lejos de estar controlada, se está extendiendo- y los graves impactos ambientales que provoca en el sur del país, dicha meta es a todas luces imprudente y carente de base científica.  

Nos resulta incomprensible que se cree una instancia para generar condiciones que permitan duplicar las ventas de la industria salmonera, cuando es evidente que los ecosistemas de la Patagonia no resisten más los impactos que estas empresas han provocado. Los fiordos de la región de Los Lagos, y progresivamente los de Aysén y Magallanes, están sufriendo las descargas de inmensas cantidades de fecas de salmón, alimentos no consumidos y toneladas de antibióticos, así como lo impactos de millones de salmones escapados y de grandes acumulaciones de basura plástica abandonada con indiferencia por las empresas salmoneras. 

Un clúster básicamente busca agrupar a una serie de empresas de un determinado rubro –a veces con otros actores, a veces no- para maximizar su competitividad y rentabilidad a través de la adopción de acciones y estrategias conjuntas. Los asuntos que se discutirán en el cluster acuícola repercuten en derechos e intereses de diversos sectores. Al no ser generado en forma democrática y estar integrado preferentemente por representantes de la industria salmonera, se está excluyendo políticamente a sectores como los pescadores artesanales y las comunidades locales que son afectados negativamente por la industria salmoacuícola. Son ellos, precisamente, quienes  tienen todo el derecho a participar en la toma de decisiones que van a repercutir en sus proyectos de vida, cultura y actividades económicas. El Gobierno tiene el deber de garantizar a todas las personas sus derechos y el cuidado del medioambiente, y no solamente velar por el crecimiento económico de un sector determinado.

Además, según lo ha señalado el Ministro de Economía, en el clúster se decidirá sobre aspectos que comprometen el cuidado del medioambiente y de la salud pública, y que deben ser materia de regulación emanada de órganos competentes de Gobierno y del Congreso Nacional,  y no simplemente estar sujetos a acuerdos entre las empresas y el sector público.

Antes de seguir promoviendo la expansión de la industria salmonera, es el momento de elevar los estándares ambientales aplicables a dicho sector y de tomar los resguardos necesarios para evitar los impactos que ya ha causado a los ecosistemas marinos del sur de Chile.  Especial atención debe darse al uso masivo de antibióticos en esta industria, el cual –lo hemos dicho innumerables veces– supera en trescientas veces los niveles usados en Noruega, principal productor del mundo.  El Gobierno, a través de la Mesa de Trabajo del Salmón, ha accedido a elaborar un plan de reducción de antimicrobianos a diciembre de este año, lo que constituye una oportunidad única para lograr una mejora sustancial en esta materia.  

Esperamos que el Gobierno esté a la altura de la responsabilidad que le compete y elabore un plan de antibióticos que recoja los criterios científicos mundialmente aceptados y que hemos propuesto reiteradamente.  En lo fundamental, Chile necesita una nueva regulación que permita reducir drásticamente las cantidades de antibióticos usadas en el cultivo del salmón, prohibiendo su uso preventivo, así como aquellos de la familia de las quinolonas en todo evento, cuya aplicación debiera estar reservada solo para seres humanos.