Cuotas de Pesca y Sustentabilidad

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Columna de Alex Muñoz Wilson, Director Ejecutivo de Oceana.

Abril 17, 2010

Con ansiedad la industria pesquera chilena ha estado impulsando la renovación anticipada del sistema de asignación de cuotas de pesca, conocido como límite máximo de captura por armador (LMCA), aprobado por diez años el 2002.  Incluso -el oportunismo al parecer fue irresistible- se han valido del terremoto para justificar tal pretensión, sosteniendo que dicha medida es indispensable para la reconstrucción de su sector, a pesar de contar con seguros que cubrirán los daños sufridos.

Al ver el intercambio de opiniones sostenido públicamente entre distintos miembros del gremio pesquero, pareciera que lo único que está en discusión es el mecanismo de asignación de las cuotas, entendidas como meras porciones de mercado, sin referirse a los efectos que pudiera tener –y de hecho los tiene- en la salud de las pesquerías.  El debate se trabó, entonces, entre los que quieren mantener el actual criterio que privilegia a los mismos actores históricos, y los que proponen su licitación y apertura a nuevos actores.

Del análisis de esta propuesta surgen buenas razones para oponerse a una renovación del LMCA tal cual opera hoy, especialmente cuando se urge a legislar con tal apuro, como si se pretendiese sortear cualquier deliberación profunda sobre sus implicancias. 

El sistema de cuotas individuales de pesca se debe evaluar, antes que nada, en función de sus impactos en el uso sustentable de los recursos marinos. Virtudes usualmente atribuidas a este modelo, como el incremento de eficiencia en el sector o la capacidad para atraer inversiones, deben estar supeditadas al objetivo esencial de velar por la sustentabilidad de la pesca. 

Desde ese punto de vista el LMCA, tal como rige hoy en Chile, despierta serias dudas sobre su idoneidad para mantener a las pesquerías en niveles de extracción razonables y evitar la declinación de los stocks pesqueros.  Estudios señalan que el régimen de cuotas actual está subestimando el efecto de la pesca, porque incentiva el subreporte de las capturas con el fin de ajustarse al límite asignado. Esto, a su vez, conduce a tener percepciones más optimistas sobre el real nivel de biomasa y, por lo tanto, a otorgar cuotas excesivas.  Lo anterior queda bien graficado al ver, por ejemplo, la evolución de la pesquería del jurel donde los desembarques se redujeron en un 49% entre los años 1998 y 2009, aún siendo una pesquería sujeta a cuotas individuales.  La industria ni siquiera ha logrado completar la cuota global de jurel en los últimos años.

El hecho que la cuota global anual, que se distribuye luego en cuotas individuales, sea aprobada por el Consejo Nacional de Pesca integrado, en parte, por las mismas empresas que se adjudican las cuotas, favorece aún más el otorgamiento en niveles superiores a los sustentables. Sintomático resulta el hecho que el Consejo desatienda muchas veces los informes técnicos que recomiendan niveles inferiores de extracción.  

El LMCA tampoco ha sido enfocado desde una perspectiva ecosistémica que permita reducir los impactos de una pesquería en otras especies que son capturadas debido a la poca selectividad de los métodos de pesca usados.  Esto invisibiliza las capturas incidentales de especies de menor valor comercial (fauna acompañante) e incentiva su descarte (y muerte) en el mar antes del desembarque. 

En vez de apresurarnos a extender la vigencia de un sistema justificadamente cuestionado y que, contrariamente a lo que sostiene la industria, no suscita consenso entre biólogos, economistas ni juristas, se requiere un debate crítico, reflexivo y participativo sobre la conveniencia de mantenerlo y, de serlo, bajo qué condiciones. Si no avanzamos hacia un manejo integral de la pesca cuyo objetivo fundamental sea la sustentabilidad, los stocks pesqueros a repartir –con o sin licitación de cuotas- sencillamente declinarán aceleradamente.