El Futuro de la Pesca

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Columna de Alex Muñoz Wilson, Director Ejecutivo de Oceana.

Noviembre 28, 2012

La tramitación de la reforma a la ley de pesca está llegando a su fin. ¿Cuáles son los desafíos de ahora en adelante y de qué manera lo que saldrá del Congreso permite o impide enfrentarlos?

A la luz de la sobreexplotación que afecta a más del 70% de nuestras pesquerías, el primer objetivo sin duda es lograr su recuperación. Especies como la merluza común y el jurel, entre muchos otros, han disminuido en un 90% producto de un manejo pesquero irresponsable.

¿Nos ofrece la nueva ley herramientas para manejar mejor la pesca y buscar la recuperación de los recursos? Sí. Por primera vez tendremos planes de manejo con medidas como cuotas globales de pesca fijadas en base a evaluaciones científicas; protección de los ecosistemas marinos vulnerables frente a la pesca de arrastre, incluyendo el cierre inmediato de 118 montes submarinos, y planes de reducción de pesca incidental y descarte de especies. Sin embargo, falta presupuesto para una fiscalización aceptable, especialmente para nuevas tecnologías de vigilancia remota, así como para investigación.

El segundo objetivo es maximizar los beneficios sociales. No hay nada en que la pesca industrial sea mejor que la artesanal. Esta última es más amigable con el medio ambiente, da más empleo y reparte los ingresos entre más manos. La reforma sube de 52% a 55% la participación de los artesanales en las cuotas globales. Sin embargo, hay una dispar distribución en pesquerías de importancia social. Sólo el 10% del jurel y el 40% de la merluza queda en manos de los artesanales. Este fraccionamiento durará hasta el 2032, lo que hará difícil un cambio hacia una distribución más equitativa.  

Se crea una cuota de reserva para el consumo humano del 1% de la cuota global, lo que es positivo pero insuficiente. El pescado para el consumo humano genera más recursos que la harina, lo que podría aliviar las pesquerías, permitiendo una baja en las capturas, manteniendo la rentabilidad. Chile tiene un bajísimo consumo humano de pescado, bordeando los 7 kg. per cápita al año. Se requiere una política de aumento del consumo, por ejemplo, de merluza común capturada por pescadores artesanales que no usan redes de arrastre.

El tercer objetivo es el fortalecimiento del Estado por sobre los actores pesqueros. El reconocimiento que se hizo de la soberanía del Estado sobre las aguas sometidas a nuestra jurisdicción es redundante. Faltó una declaración más firme en favor de los derechos del Estado sobre los recursos. Al menos se deja claro que las cuotas de pesca no constituyen derecho de propiedad sobre ellos, como algunos parecían creer.  Lo fundamental es que si el país decide cambiar este régimen, los adjudicatarios de las cuotas no deben, bajo ningún punto de vista, entender que tienen derecho a ser compensados. Sus títulos son precarios y tal como se les da, se les puede quitar si el Congreso así lo decide.

La sustentabilidad –en palabras simples, la capacidad de realizar una actividad indefinidamente– no es algo que se decrete ni se pueda establecer por ley, sino que será el resultado del manejo pesquero que hagan las instituciones políticas competentes  basándose en criterios técnicos, con la necesaria colaboración de los actores regulados y de cara a la ciudadanía para permitir el escrutinio de las decisiones. Las herramientas están, ahora el futuro dependerá de cómo se usen.