Nueva ley acuícola: ¿cambios de fondo o mero salvataje a la industria?

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Columna de Alex Muñoz Wilson, Director Ejecutivo de Oceana.

Noviembre 16, 2009

El proyecto de ley que reforma la regulación aplicable a la salmonicultura ha recibido un nuevo impulso desde el Gobierno, la banca y los salmoneros, quienes discuten fórmulas para destrabar su tramitación en el Congreso.  

La lectura del proyecto que se presentó originalmente y las últimas declaraciones de estos actores, revelan la confusión existente entre el propósito particular de fomentar una actividad productiva, y la obligación general del Estado de definir reglas claras y estrictas para proteger al medioambiente, los derechos de las personas y otras actividades productivas frente a una industria como la salmonicultura que genera altos impactos ambientales y sociales. 

Se ha dicho que el futuro del sector depende de normas contenidas en el proyecto, como la posibilidad de hipotecar las concesiones para obtener nuevos créditos y renegociar los más de 2.600 millones de dólares de deudas acumuladas.  Además, algunos empresarios y columnistas han advertido que la caducidad de las concesiones por incumplimiento de leyes laborales o la limitación de estas a 25 años de duración (hoy son indefinidas), constituyen desincentivos y riesgos a la inversión, por lo cual deben eliminarse y así destrabar la discusión. 

Los que emiten estos juicios parecen olvidar que la crisis que afecta a los salmoneros se originó por las malas prácticas ambientales y sanitarias del mismo sector que durante años abogó por la autorregulación.  

Afortunadamente, la tramitación en el Congreso ha enriquecido el proyecto con normas que protegen a los ecosistemas marinos, como, por ejemplo, aquellas que buscan prevenir y sancionar los escapes de salmones que se cuentan por millones cada año y que, en la gran mayoría de los casos, ocurren por procedimientos irresponsables o conductas negligentes de las empresas. Sin embargo, los cambios de fondo son pocos y los temas pendientes aún son muchos y graves.  Mientras el proyecto se discutía en el parlamento, supimos por primera vez en forma oficial que la industria salmonera chilena usó 385 toneladas de antibióticos el año 2007, comparado con solo 649 kilos que usó ese mismo año Noruega, mayor país productor de salmones en el mundo.   

Si el abuso de estas substancias es tan grosero y causa tanto rechazo en los principales mercados de exportación, entonces ¿por qué no se han incorporado en el proyecto medidas concretas para controlar y reducir drásticamente su uso?  Si la propuesta legislativa buscara resolver el problema de fondo, habría incorporado, al menos, la prohibición de uso de aquellos antibióticos considerados de importancia crítica para la salud humana por la OMS, como las quinolonas.  El uso de estos químicos en animales, por lo mismo,  no está permitido en otros países, incluso en aquellos que, como EEUU, son destino de los salmones chilenos.

En este nuevo impulso que se busca dar a la ley,  lo urgente es incorporar y aprobar aquellas normas que suben las exigencias ambientales, como las de escapes de salmones y antibióticos, entre otras.  De nada sirve seguir fomentando una industria con hipotecas, concesiones indefinidas o manga ancha en materia laboral si no se crea antes una regulación de fondo con garantías para la conservación de los ecosistemas costeros, la salud de las personas y el respeto a otras actividades productivas como el turismo y la pesca artesanal.   

Si la salmonicultura no es capaz de subsistir con estos estándares – y por numerosas razones no creo que lo sea – entonces es la hora de buscar actividades económicas que la reemplacen en el sur del país.